EL CASO “QUESITO”
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SEGUIMOS EXIGIENDO, POR MORALIDAD Y DECENCIA, LA DIMISIÓN DE LOS QUE SE BENEFICIARON DE LA RECLASIFICACIÓN DEL QUESITO
En primer lugar, debemos tener presente que la prensa se ha enterado al mismo tiempo, si no antes, que el propio grupo municipal de la resolución de archivo de diligencias preprocesales del caso Quesito.
El propio decreto deja meridianamente claro el desacierto de la recalificación de esos terrenos en una figura urbanística “alegal” al basarse en la literalidad exigible por la Junta de Comunidades de la necesidad de que dicho terreno tuviera algún tipo de protección.
Hay que decir que El gobierno del PP eligió una figura de protección de la que ellos mismos pudieran aprovecharse, al limitar el precio del suelo pero no su posibilidad de acceso, e incluso dar lugar a la compraventa con los consiguientes beneficios.
Como partido queremos señalar que resulta políticamente indigno que los que tenían sueldos de diputados, senadores, portavoces del equipo de gobierno popular se quedaran con viviendas de protección municipal sin las exigencias habituales para el acceso a la vivienda protegida, y así se lo aseguraron con el acuerdo que adoptaron en Comisión de Gobierno ellos mismos.
Es intolerable hacer pasar por sorteos públicos de viviendas al resto de los ciudadanos, mientras que los miembros del Partido Popular se quedaron con viviendas que ellos mismos calificaron como protegidas.
A pesar de que la figura de protección municipal fue utilizada con anterioridad, la gran diferencia con el “caso Quesito” es que en ésta, recalificaron el suelo y fijaron las condiciones que les permitieron asegurarse la compra de las viviendas. En consecuencia es innegable la responsabilidad política y la inmoralidad que debe exigírsele a los gobernantes por parte de los ciudadanos.
Por otro lado, el archivo de diligencias no supone la celebración de juicio absolutorio alguno, ya que no se ha celebrado, sino el no inicio de oficio de acusación penal.
Por ello, hemos dado traslado de la documentación al abogado del Grupo Municipal Socialista, ya que según hace constar la propia resolución de la Fiscalía, es posible presentar denuncia ante el Juzgado de Instrucción.
Nos reafirmamos en la denuncia política y exigimos a la Alcaldesa y a los miembros del Partido Popular implicados, que asuman la responsabilidad política que tienen quienes adoptan un acuerdo para hacerse beneficiarios en operaciones de compra venta de vivienda, ya que además, algunos de ellos compraron con carácter especulativo y obtuvieron importantes beneficios.
Resulta inadmisible ver al Partido Popular solicitando la dimisión, por deficiencias administrativas, a ministros, y no plantearse su propia dimisión por haberse beneficiado con viviendas de protección pública a la que nunca deberían haber accedido.
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