MÁS Y MEJOR EUROPA: UNA EUROPA MAS DEMOCRÁTICA

Lo más relevante de cuanto ha sucedido estos últimos días en la Unión Europea ha sido la reunión del Consejo en la que han participado los Jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países que integran la Comunidad. Para España ese encuentro tenía además la importancia de celebrarse cuando el semestre de nuestra Presidencia iniciaba su segunda mitad, correspondiéndonos la responsabilidad de marcar las prioridades de nuestra gestión. Ha sido una reunión muy interesante, aunque para los medios de comunicación todo parece haberse reducido a debatir cómo ayudar a Grecia a salir del atolladero. Hubo sin embargo otras cuestiones que, a medio y largo plazo, marcarán a Europa mucho más que el empujón solidario que Grecia necesitaba. De ello hablaremos hoy en nuestra eurocrónica. Como hablaremos también de la puesta en marcha de una de las grandes novedades que el Tratado de Lisboa establece para mejorar la dimensión democrática del proceso de construcción europea. Me refiero a la “Iniciativa Ciudadana” por la que un determinado número de europeos y europeas podrán presentar cuestiones que la Eurocámara deberá debatir, respondiendo al requerimiento de la sociedad civil. Hay otros temas que merecerían algún comentario: por ejemplo, la comparecencia que tuvo lugar en la Comisión de Peticiones, donde algunos españoles y otros europeos plantearon sus quejas con respecto a nuestra Ley de Costas. O la reunión que la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-África, Caribe y Pacífico, celebró en Tenerife a últimos de marzo, con participación parlamentaria de 105 países.

Consejo Europeo bajo Presidencia española
La Cumbre Europea celebrada en Bruselas, tenía para nosotros el especial interés de que el orden del día estaba establecido por la Presidencia que ostenta nuestro país, y por lo tanto debía marcar claramente nuestra influencia a la hora de definir las prioridades de la Unión Europea. Por eso, la cuestión griega ocupó apenas una parte menor del tiempo en que los líderes europeos estuvieron reunidos. Era sin duda lo más urgente, pero en esta ocasión, no por dedicar la atención necesaria al problema de más acuciante actualidad se dejaron de tratar los temas que más debían preocupar a los dirigentes europeos. Así, hubo dos grandes capítulos en esta Cumbre, además del punto dedicado al apoyo que Grecia requería: el primero fue la nueva Estrategia europea para el empleo y el crecimiento, con el horizonte del año 2020; y el segundo fue el impulso que desde Europa se necesita seguir dando a la movilización mundial contra el cambio climático, a pesar del traspiés y la decepción que supuso la Conferencia de Copenhague, o precisamente por ese fracaso.
Estrategia para el empleo y el crecimiento

Con José Luís Rodríguez Zapatero a la cabeza del debate quedó claro que el planteamiento europeo frente a la crisis había de ser la superación de la misma sin coste social para los sectores más modestos y vulnerables de la sociedad. Con ese objetivo, y en línea con lo que en España se está intentando articular como marco para una economía sostenible, quedó establecido que, de cara al año 2020 habrá que poner en práctica una Estrategia centrada en ámbitos como el conocimiento y la innovación, y mecanismos económicos que aseguren una elevada tasa de empleo y de integración social. El Consejo Europeo acordó los siguientes objetivos prioritarios que deben primar la actuación de todos los gobiernos de los Estados comunitarios:
aumentar hasta el 75% el empleo de hombres y mujeres entre los 20 y los 64 años, mediante una mayor participación de los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los de menor cualificación y mejorando la integración de los inmigrantes legales;
mejorar las condiciones de la investigación y el desarrollo, en particular con el objetivo de aumentar los niveles combinados de inversión pública y privada en este sector hasta el 3% del PIB;
reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a los niveles de 1990; incrementar hasta el 20% la proporción de las energías renovables en el consumo final de energía; y avanzar hacia un aumento del 20% en el rendimiento energético;
mejorar los niveles de educación, en particular con el objetivo de reducir el índice de abandono escolar e incrementar el porcentaje de la población que finaliza los estudios de enseñanza superior o equivalente;
promover la integración social, en particular mediante la reducción de la pobreza.
El comunicado final del Consejo insiste en que estos objetivos abarcan los principales ámbitos en los que es necesario realizar esfuerzos rápidamente. Dichas metas están interrelacionadas, se refuerzan mutuamente, y ayudarán a medir los avances logrados en la ejecución de la Estrategia. Es importante además que el Consejo haya reiterado que los mencionados objetivos constituyen un horizonte común que debe perseguirse mediante una combinación coherente de actuaciones a escala de cada país y de la Unión Europea. Por último, y a la hora de exponer sus conclusiones, el Consejo establece una serie de medidas de seguimiento y control, para que lo expuesto se vaya trasladando a la realidad y no quede en buenas intenciones y palabras que luego no se reflejan en hechos concretos y computables.
Retomar el pulso frente al Cambio Climático
Decíamos hace un momento que el Consejo Europeo también discutió en profundidad lo que conviene hacer para recuperar el pulso en lo que hace al cambio climático y después del descalabro que supuso la Cumbre convocada al respecto por las Naciones Unidas en Copenhague hace unos meses. El Consejo se ratificó en que un acuerdo jurídico mundial y general sigue siendo lo único eficaz para alcanzar el objetivo acordado de limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C, siendo necesario imprimir una nueva dinámica de negociación internacional. Esa debe ser la meta que la Unión Europea y sus Estados miembros se fijen para las próximas citas que tendrán lugar en Bonn y, sobre todo, en Cancún.
Como primera medida, se deberá decidir el programa de trabajo para hacer avanzar las negociaciones, integrando lo poco que unos pocos acordaron en Copenhague en los diversos textos que ahora habrá que negociar. En la Conferencia de Cancún habría al menos que alcanzar decisiones concretas que colmen las lagunas pendientes, entre ellas las que afectan a las actividades de adaptación, silvicultura, tecnología y supervisión, comunicación y verificación de los acuerdos que se vayan consensuando.
En definitiva, lo positivo en las decisiones adoptadas sobre cambio climático por el Consejo recién celebrado en Bruselas, y a instancias de la Presidencia española, es que la Unión Europea va a mantener intactos sus compromisos, tanto en lo que hace a sus esfuerzos por reducir cuantos factores favorecen dicho cambio en su propio territorio, como en lo que se refiere a los recursos concertados en favor de los países del Tercer Mundo para que éstos puedan adaptar sus economías a lo que la movilización contra el cambio climático requiere.
Con respecto a la situación griega, no me parece necesario añadir comentario alguno a lo que ya han publicado nuestros medios de comunicación. Joaquín Almunia hizo unas declaraciones que, en esta ocasión, yo compartoplenamente: el acuerdo alcanzado por el Consejo es aceptable, pero hubiera sido mucho mejor que el apoyo a Grecia para salvar la actual crisis de su economía hubiera tenido una dimensión exclusivamente europea y no se hubiera hecho referencia al recurso al Fondo Monetario Internacional. Sinceramente, pienso que hay en la Europa unida medios suficientes para socorrer a uno de sus Estados miembros en graves apuros, y que una solución de esa naturaleza hubiera contribuido a consolidar de forma notable la credibilidad de la Unión Europea en el escenario internacional.

La Iniciativa Ciudadana Europea
En otro orden de cosas, apuntábamos al principio de este artículo al hecho de que hace apenas unos días se hubiera producido en el Parlamento Europeo un importante debate que tiene que ver con el avance democrático inducido por el Tratado de Lisboa. En efecto, en numerosas ocasiones hemos insistido en que una de las bazas que avalan a la nueva base jurídica y política de la Unión es precisamente el progreso que supone en cuanto al funcionamiento democrático del proceso de articulación continental. Son varios los terrenos en que pueden contabilizarse significativos pasos adelante en esta materia. Y, sin duda, el principal de todos es el aumento de competencias de la propia Eurocámara: si bajo el anterior Tratado -el de Niza- la representación de la ciudadanía europea tenía poder de co-decisión, compartida con el Consejo de Ministros, más o menos en un tercio de las cuotas, esa responsabilidad ha subido hasta cerca del 90% al entrar en vigor la normativa de Lisboa. Pero hay por lo menos otra novedad muy significativa referida a los instrumentos con que ciudadanas y ciudadanos contarán a partir de ahora para influir en la política de la Unión Europea. Me refiero a la Iniciativa Ciudadana Europea, sobre la que debatimos hace unos días en el Parlamento, correspondiéndome además la satisfacción de presidir la Cámara en tal ocasión. Por cierto, que en el debate en cuestión jugaron un papel notable dos eurodiputados españoles: el Socialista Ramón Jáuregui, y el Popular Íñigo Méndez de Vigo.
Se trata del primer ejercicio de democracia participativa de la Unión y permitirá que los ciudadanos reclamen a la Comisión legislación sobre una materia concreta, siempre y cuando la iniciativa cuente con el apoyo de al menos un millón de firmas procedentes de varios Estados comunitarios. La ICE tiene un gran valor simbólico al demostrar la existencia de un pueblo europeo que va más allá de la mera suma de ciudadanos de distintas nacionalidades. No obstante, estamos al principio de un proceso en el que quedan por resolver todavía muchos interrogantes. Lo que está claro es que a través de esta palanca los ciudadanos podrán instar directamente a la Comisión Europea a que proponga nuevas leyes sobre asuntos concretos; y que para lograr la admisibilidad de cada solicitud hará falta un mínimo de un millón de personas de un número significativo de países miembros. Ahora la Comisión Europea y la Eurocámara están tanteando los términos en que todo el procedimiento deberá reglarse, para que al final sean el Consejo y el Parlamento quienes cierren definitivamente la cuestión. La Comisión Europea ya ha traslado al Parlamento una propuesta inicial en la que se indica que el millón de firmantes debe repartirse al menos en un tercio de los Estados miembros. En cada uno de éstos el número mínimo de firmas requerido se calcularía multiplicando el número de miembros del Parlamento Europeo de ese país por 750. La Comisión estudiará si la iniciativa es admisible y, tras verificar las firmas, podrá decidir si hace una propuesta legislativa al respecto, si realiza un seguimiento, por ejemplo mediante un informe, o si no toma ninguna medida, debiendo en este caso explicar públicamente sus razones. El Parlamento Europeo vigilará todo este proceso y podrá, en el debate obligado sobre cualquier propuesta de la Comisión, introducir enmiendas, teniendo junto al Consejo la palabra final sobre los textos que puedan entrar en vigor impulsados por la iniciativa de las ciudadanas y los ciudadanos. Del debate parlamentario en este tema se dedujo también un calendario en el que todos parecimos estar de acuerdo. La Iniciativa Ciudadana Europea deberá entrar en funcionamiento en el primer semestre del año próximo. Y nos consta que ya hay varios colectivos calentado motores para poner sobre la palestra temas que a sus integrantes les parecen prioritarios en este proceso que va a consolidar más y más -por democrática- a la Europa unida.

Miguel Ángel Martínez
Vicepresidente del Parlamento Europeo